Discurso del Presidente

Constitución 2009

Presidente de Aragón,
Justicia,
Delegado del Gobierno,
Parlamentarios,
Autoridades,
Señoras y señores,

Bienvenidos a este palacio, sede de las Cortes de Aragón, espacio de encuentros y casa de todos los aragoneses.

Quiero dedicar mis primeras palabras a todos los conciudadanos que están sufriendo a causa de la profunda crisis económica internacional que llegó a España hace poco más de un año.

Quiero dirigirme a los desempleados que están atravesando dificultades… A los trabajadores que viven bajo la amenaza del despido… A los autónomos que a duras penas llegan a fin de mes… A los pequeños empresarios que aguantan con sacrificios, conscientes de las familias que tienen detrás…
A los inmigrantes que vinieron en tiempos de bonanza y nos ayudaron a crecer pero ahora engrosan las listas del paro… A los que lo han perdido casi todo y están subsistiendo con ayudas sociales…

Aunque a algunos seguramente no les llegue el  mensaje, me gustaría poder decirles a todos estos ciudadanos en dificultades que no están solos; que ellos son la primera preocupación y la primera ocupación de quienes integramos este Parlamento, bien desde el respaldo a la acción del Gobierno, bien desde el control e impulso a la misma por parte de la oposición.

Las Cortes de Aragón siempre han estado al lado de los colectivos sociales desfavorecidos, pero hemos de reforzar aún más nuestra exigencia de solidaridad en momentos como éste en el que han aumentado los ciudadanos en riesgo de exclusión a causa de la crisis.

La salida de este trance requiere el concurso de todos. El acuerdo en lo básico, sin menoscabo del deber de una oposición firme, es fundamental para superar las adversidades.   

Hoy más que nunca cobran plena vigencia las disposiciones sobre el derecho al trabajo recogidas en nuestra Constitución, cuyo 31 aniversario nos congrega hoy aquí, y que desde su propio preámbulo proclama la voluntad de los españoles de garantizar la convivencia democrática “conforme a un orden económico y social justo” y promover el progreso de la cultura y la economía “para asegurar a todos una digna calidad de vida”.
   
No quiero adentrarme en terrenos que son objeto de confrontación política, pero como presidente de este Parlamento donde están representados todos los aragoneses me siento obligado a transmitir siquiera un escueto mensaje de ánimo a quienes peor lo están pasando. Sinceramente, creo que hay fundadas razones para confiar en una pronta recuperación de la economía y para pensar que ya hemos superado lo peor de este profundo bache.  

La crisis de Opel puede ser un exponente, un síntoma elocuente, aunque no el único, de la complicada situación en la que estamos, pero de la que sin duda vamos a salir. Como en anteriores ocasiones, como ante otras amenazas, la movilización de los ciudadanos en el momento de máxima tensión para la planta aragonesa fue determinante para colocarnos en disposición de alcanzar una salida razonable.

Quiero agradecer desde esta tribuna el ejercicio de sensatez que, al menos en los momentos cruciales, han demostrado todos los grupos políticos al no instrumentalizar partidariamente las delicadas negociaciones sobre el futuro de Figueruelas, así como de otras muchas empresas que han tenido que recurrir a expedientes de regulación de empleo.

A pesar de los avances de los últimos años en la diversificación económica, especialmente con el desarrollo de la logística, todos hemos tenido bien presente la dependencia de la automoción como pieza clave en el entramado industrial de Aragón, que es necesario preservar para el mantenimiento de la actividad y el empleo.

Supongo que todos compartiremos el deseo de que este u otros ‘acuerdos en lo fundamental’ se hagan extensivos a otros ámbitos de los asuntos públicos y sean más duraderos.

Al respecto debo reivindicar el protagonismo que, como primera institución de representación de los ciudadanos y piedra angular del edificio democrático, tienen que desempeñar todos los parlamentos y en particular nuestras Cortes en esa imprescindible búsqueda de consensos para la defensa de los intereses públicos en cuestiones básicas. Insisto, los ciudadanos siempre valoran el entendimiento y el acuerdo entre sus representantes; tanto más precisamente cuanto mayores son las dificultades.

En esa labor, conviene tener siempre bien presente el espíritu de compromiso y el diálogo constructivo y leal que, gracias a la confluencia de esfuerzos y sacrificios de miles y miles de personas, propició una Transición modélica en muchos sentidos, pese a sus imperfecciones, y una Constitución democrática que sentó las bases de nuestro Estado autonómico.

Un Estado en el que Aragón participa, desde la lealtad al proyecto común de España, en pie de igualdad con las Comunidades más avanzadas merced a nuestro actual Estatuto, que hemos empezado a desarrollar y que acercará aún más a los ciudadanos la gestión de sus problemas.

Quiero dedicar unas palabras sobre la Unión Europea, a la que nuestro Estatuto de Autonomía dedica todo un capítulo.  El papel de los parlamentos regionales es fundamental para acercar la idea de la Unión. Hace apenas un mes Europa conmemoraba la caída del muro de Berlín y esta misma semana acaba de entrar en vigor el Tratado de Lisboa, tras superar los obstáculos surgidos en Irlanda y la República Checa. El Tratado de Lisboa va a reforzar las estructuras políticas y el papel cohesionado de la Unión en el concierto internacional.

El consenso alcanzado recientemente sobre la próxima presidencia española de la UE facilita que España pueda aprovechar la oportunidad para dar el impulso decidido a la  permeabilización de los Pirineos, que todos los aragoneses deseamos y que redundará en un mayor equilibrio territorial del Estado.  
Señoras y señores, hoy, como cada año, nos reunimos para celebrar la fiesta de la democracia. Este acto no es, no puede ser, una conmemoración rutinaria. Es un ritual imprescindible para reforzar la norma suprema que rige la convivencia pacífica de todos los españoles.

Porque la democracia no es un bien inamovible que nos haya sido otorgado, sino una conquista que tenemos que renovar y proteger de forma permanente. Hay ataques frontales, como el terrorismo, que estamos combatiendo mediante el aislamiento político y social de los terroristas y su entorno, la actual unidad política en la aplicación de los instrumentos del Estado de Derecho, y la cooperación internacional.

Hoy proclamamos la libertad y el derecho a vivirla, y tenemos muy presentes a todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Los que fallecieron permanecerán siempre en nuestra memoria. Los que han sufrido heridas en el cuerpo y en el alma cuentan con toda nuestra solidaridad y nuestro afecto…

Su entereza y determinación para rehacer unas vidas truncadas por la violencia y defender la libertad es un ejemplo de superación para todos los ciudadanos y merece el reconocimiento y el agradecimiento de toda la sociedad.  

La democracia también sufre otras agresiones y amenazas. Especialmente dañina en el plano colectivo es la corrupción, un fenómeno que erosiona los cimientos de un sistema que se sustenta, no lo olvidemos, en la confianza de los ciudadanos. La creciente desafección obedece a diversas causas, pero sin duda lo que alimenta más que nada el desencanto y la indiferencia hacia la política en general es la corrupción.

Quiero subrayarlo: Todos tenemos motivos para reflexionar sobre este problema, intentar atajarlo y fortalecer consensuadamente las medidas preventivas. En todo caso, la actitud de unos pocos no puede servir de gran pretexto para desacreditar a todos los políticos sin distinción.   

La transparencia y la participación son pilares básicos sobre los que hemos de continuar desarrollando la lucha frente a este mal.
Quiero resaltar el hecho de haber recuperado la sintonía para actualizar la ley y poner en marcha pronto la Cámara de Cuentas, que será un potente instrumento para controlar la correcta gestión de los recursos públicos en todas las administraciones de nuestra Comunidad, sin menoscabo de las competencias del Tribunal de Cuentas.  

Señoras y señores, la Constitución no puede estar en crisis, del mismo modo que no podemos socavar los cimientos del entramado institucional. Conviene hacer un especial señalamiento al Tribunal Constitucional como garante de la adecuada aplicación de nuestra Carta Magna.

Las dificultades que debe superar el Alto Tribunal obligan a invocar, una vez más, el acuerdo político para preservar el buen funcionamiento que ha tenido esta institución básica de todos los españoles.

Todos los partidos defienden, desde su particular óptica y su propia escala de valores, los intereses de los ciudadanos, y el contraste de pareceres que se libra en los parlamentos donde reside la voluntad popular es fundamental. Pero el natural desenvolvimiento democrático requiere respeto a las reglas de juego.

Lo he dicho en alguna ocasión y lo repetiré tantas veces como haga falta, en las pocas ocasiones como ésta en que me corresponde hacer pronunciamientos públicos: La calidad democrática de las Cortes de Aragón está fuera de dudas razonables y nuestro Parlamento supera la comparación con los más avanzados.

La soberanía popular inherente a todos los sistemas democráticos sólo se puede ejercer  bajo la consideración de la mayoría como fuente del poder. La democracia es esencialmente el gobierno de la mayoría.  

Lo cual implica la obligación de respetar a las minorías, que es una regla igualmente esencial en cualquier democracia y que nuestra Constitución ampara desde su primer artículo, en el título preliminar, al proclamar el pluralismo político como uno de los valores superiores de nuestro  ordenamiento jurídico.  

Precisamente en la transmisión de valores, quiero señalar también la enorme responsabilidad que recae sobre los medios de comunicación como instrumentos esenciales para la transparencia democrática y la conformación de una opinión pública libre, pues sin información no hay libertad, y sin ésta no es posible una verdadera democracia.

La Prensa es indispensable e imprescindible para la salvaguarda del pluralismo social y político, y presta un servicio inestimable a la sociedad cuando ejerce su actividad conforme a los principios deontológicos de búsqueda de la verdad, contraste de las fuentes, y clara e inequívoca distinción entre la narración de los hechos y las opiniones, interpretaciones o conjeturas.

Es preciso evitar el desprestigio de la actividad política en general y ante todo de las instituciones, que están por encima de quienes las regentamos u ocupamos de forma provisional. La sociedad debe distinguir entre la crítica a los dirigentes y a las instituciones. Éstas no deben verse afectadas en lo nuclear por la conducta, o sólo por la conducta, de quienes ocasionalmente las dirigen. Y en esta percepción, los medios de comunicación tienen un papel fundamental para discernir la crítica a las personas y el valor intrínseco de las instituciones.

Amigos, la fortaleza de los individuos y las sociedades se demuestra en los momentos de dificultad. La cohesión social  es fundamental para superar las adversidades. Tenemos ante nosotros grandes retos y desafíos en todos los ámbitos.

Entre todos hemos de recuperar el interés y hasta el  entusiasmo colectivo por la gestión de los asuntos públicos que presidió la Transición. Y los políticos hemos de ser los primeros en ganarnos con nuestro trabajo la confianza que periódicamente les pedimos a los ciudadanos.

En esta celebración del XXXI Aniversario de la Constitución, apelo pues a la generosidad y la altura de miras para encarar juntos la búsqueda de un futuro de prosperidad colectiva.

Muchas gracias.